Extienden hasta fin de 2025 el plazo para que profesores universitarios obtengan maestría o doctorado

Extienden hasta fin de 2025 el plazo para que profesores universitarios obtengan maestría o doctorado

El sistema universitario peruano atraviesa uno de sus momentos más complejos en cuanto a exigencias académicas. Desde la promulgación de la Ley Universitaria N.° 30220 en 2014, se ha exigido que los docentes universitarios cuenten como mínimo con el grado de maestro para ejercer la docencia a tiempo completo. No obstante, tras varios años de transición, muchos profesionales siguen sin cumplir con este requisito. Ante esta situación, el Ministerio de Educación (Minedu) ha prorrogado una vez más el plazo para la adecuación de grados académicos, extendiéndolo hasta el 31 de diciembre de 2025.

¿Qué establece la normativa vigente?

La Ley Universitaria exige que todos los profesores ordinarios y contratados a tiempo completo posean el grado de maestro como mínimo. Para enseñar a nivel de posgrado, el requisito es aún mayor: se debe contar con el grado de doctor. Esta disposición busca elevar la calidad educativa en las universidades del país y fortalecer el perfil académico de la docencia universitaria.

En ese sentido, el Decreto Supremo N.° 006-2025-MINEDU, publicado en El Peruano el 18 de julio de 2025, formalizó la ampliación del plazo, que inicialmente vencía en diciembre de 2023, y que ya había sido prorrogado antes. La nueva fecha límite para cumplir con los requisitos será el 31 de diciembre de 2025, según lo dispuesto en el sitio oficial del Minedu.

¿Por qué se amplió nuevamente el plazo?

Detrás de esta decisión hay varios factores que explican la necesidad de conceder más tiempo:

  • Acceso limitado a estudios de posgrado: En muchas regiones del país, especialmente fuera de Lima, sigue siendo difícil encontrar programas de maestría y doctorado accesibles, de calidad y con horarios compatibles con la vida laboral.
  • Impacto económico: El costo de los estudios de posgrado sigue siendo una barrera significativa. Muchos docentes, sobre todo en universidades públicas, no cuentan con los recursos económicos para afrontar los pagos.
  • Problemas estructurales en la oferta educativa: La demanda por estudios de maestría ha superado con creces la capacidad de las universidades para ofrecer programas acreditados, con lo cual se han generado listas de espera, cupos limitados y demoras en la graduación.
  • Contexto postpandemia: A pesar de que la emergencia sanitaria terminó, sus efectos económicos y académicos siguen presentes. La virtualidad no siempre fue una solución efectiva para todos, y muchos docentes vieron interrumpidos o aplazados sus estudios.

¿A quiénes afecta esta medida?

La extensión del plazo no es un cheque en blanco. Afecta principalmente a los docentes contratados en universidades públicas y privadas que aún no han obtenido el grado de maestro. También implica a los docentes de programas de posgrado que no cuentan con el grado de doctor. En ambos casos, si no cumplen con los requisitos al finalizar el nuevo plazo, no podrán continuar ejerciendo la docencia.

Según cifras del propio Minedu, recogidas en el Repositorio Institucional, hasta el cierre de 2024, más del 30 % de los docentes universitarios contratados a tiempo completo aún no contaban con el grado mínimo requerido. Esta situación afecta tanto a la estabilidad laboral de los docentes como a la calidad educativa de los estudiantes.

Tabla comparativa de los requisitos por nivel de enseñanza

Nivel de enseñanzaRequisito mínimoAfectados si no cumplen
PregradoGrado de maestroContratados y ordinarios
PosgradoGrado de doctorDocentes de maestría y doctorado

¿Qué pasa con los docentes sin grado?

Si bien la normativa no los despide de inmediato, las universidades no podrán renovarle contrato o mantenerlo como ordinario a ningún docente que no cumpla con el requisito al cierre del plazo. En la práctica, esto significa que muchos docentes podrían quedar fuera del sistema si no regularizan su situación.

Este punto ha generado críticas desde los gremios docentes, como la Federación Nacional de Docentes Universitarios del Perú (FENDUP), quienes han señalado que la medida es necesaria, pero que debió ir acompañada de un plan más claro de apoyo económico, becas y alianzas con universidades acreditadas, especialmente en regiones.

Becas y programas de apoyo existentes

Algunos programas impulsados por el Estado han buscado aliviar la carga económica. Entre ellos:

  • Beca Docente Universitario de Pronabec, que financia estudios de maestría en universidades peruanas acreditadas. Más información disponible en la web oficial de Pronabec.
  • Convenios internacionales como los programas de formación con universidades españolas, argentinas y mexicanas, que permiten a docentes peruanos acceder a maestrías virtuales a costos reducidos.

Pese a estos esfuerzos, las plazas siguen siendo limitadas y no cubren la demanda total.

¿Y las universidades, están listas?

No todas. Algunas universidades ya han comenzado procesos internos de evaluación para prever los posibles vacíos que dejarán los docentes que no logren regularizar su situación. Otras, sobre todo en regiones alejadas, han solicitado que el Minedu considere mecanismos transitorios, como el acompañamiento académico, para no afectar la continuidad educativa.

Desde el Consejo Nacional de Educación se ha señalado que si bien es importante no bajar la vara académica, la medida debe ser parte de una política educativa integral, que incluya mejora en la oferta de posgrados, descentralización de los programas y evaluación de la calidad.

¿Qué opinan los docentes?

Para muchos, esta extensión es un alivio temporal. El profesor universitario Víctor Delgado, docente en una universidad pública de la región norte, comenta:

«Terminé mis cursos de maestría en 2022, pero recién pude presentar mi tesis en mayo de este año. Estaba al límite del plazo anterior. Esta prórroga me da aire para terminar el trámite y no perder mi trabajo».

Otros, como la profesora Milagros Romero, han sido más críticos:

«El problema no es el tiempo, sino el costo. Los programas son caros y las becas son para pocos. Si el Estado no nos apoya, muchos quedaremos fuera aunque nos den más años».

Un plazo más, pero no eterno

La decisión de extender el plazo hasta diciembre de 2025 ha sido recibida como una medida necesaria, pero no resuelve de fondo las barreras estructurales. Queda claro que el Estado, las universidades y los propios docentes tienen un reto compartido: lograr que la mejora en los estándares académicos no sea una traba, sino un objetivo alcanzable.

El tiempo adicional debe ser aprovechado para acelerar procesos, generar más becas, mejorar los sistemas de titulación y garantizar que nadie quede atrás solo por falta de medios o acceso. Si el propósito es elevar la calidad de la educación superior, no basta con exigir. También se necesita acompañar.

Puedes revisar el Decreto Supremo N.° 006-2025-MINEDU en este enlace oficial.

El reloj corre. Y esta vez, no parece haber espacio para otra prórroga.

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